Un procurador es un profesional del derecho que se encarga de realizar gestiones de carácter administrativo y judicial en el nombre de una persona. Esto significa que el procurador, una vez otorgada la correspondiente autorización, puede realizar gestiones en lugar del ciudadano particular no abogado, evitando así que éste tenga que acudir a las dependencias administrativas por sí mismo.
Un procurador puede ayudar de diversas formas a un ciudadano particular no abogado.
Por ejemplo, puede presentar solicitudes y documentos ante la administración y los tribunales, así como realizar trámites de naturaleza administrativa, judicial o notarial, como requerimientos de documentación, escritos o demandas. Además, puede gestionar el pago de multas y la defensa de los intereses del cliente en procesos judiciales. En la práctica, el procurador puede llevar a cabo todas aquellas gestiones que se encuentren dentro de su ámbito de competencia. Esto incluye la representación de los intereses de un particular ante la administración pública, los tribunales, los bancos y entidades financieras.
Asimismo, el procurador puede gestionar el cobro de pensiones, ayudas, subvenciones o reclamaciones, así como la tramitación y defensa de procedimientos judiciales.
En definitiva, el procurador puede ser de gran ayuda para un ciudadano particular no abogado, ya que le ofrece una forma de solucionar sus problemas sin tener que perder tiempo en trámites engorrosos. Esto significa que, con la ayuda de un procurador, el ciudadano en cuestión puede centrarse en sus actividades cotidianas mientras el profesional se encarga de gestionar todo aquello que requiere su atención.